Tras haber hecho un breve resumen de como están distribuidas las competencias en materia de urbanismo, más de uno se preguntará qué utilidad tiene ésto. En mi opinión es fundamental saber quien es el responsable en esta materia. Para que no nos engañen ni nos engañemos. Para saber las responsabilidades y potencialidades de cada cual. ¿Qué quiero decir con ésto?

Venimos de un boom inmobiliario de dimensiones colosales. Esta expansión inmobiliaria ha venido acompañada de fuertes desequilibrios, de situaciones sumamente polémicas. No hablo sólo de que el precio de la vivienda se haya disparado. Me refiero a cuestiones como la corrupción urbanística, con o sin trama rosa, el impacto medioambiental, los roces competenciales entre distintos organismos, las políticas de vivienda de protección oficial, la tolerancia o no frente a nuevos modelos residenciales, la inquietud frente a modelos de desarrollo urbanístico no tradicionales, etc…

Todo ello genera en el ciudadano un cierto desasosiego. Un ciudadano que exige responsabilidades a la Administración, que le pide que clarifique su papel y que actúe. Pero la clave esta en qué Administración. Tengo la ligera sensación de que el ciudadano se fija en gran medida en el Gobierno central. Y desconoce, tal y como hemos visto, que la inmensa mayoría de las competencias radican en su Comunidad Autónoma, en su Ayuntamiento. Sobre todo en la primera. Como muestra, valga la gran esperanza que suscitó en algunos la creación del Ministerio de la Vivienda. Un problema,un Ministerio, pensaría alguno. Pues más bien ha sido al revés, un Ministerio, un Problema. Se trata de una entidad muy vacía de contenido, que se limita en gran medida a ejercer labores de coordinación con las Comunidades Autónomas (y siempre en la medida que estas se dejen coordinar).

Es por ello, que entre algunos políticos, entre algunos técnicos, se va creando una corriente de opinión que defiende que la Admnistración Central ha de incrementar sus competencias en materia urbanística. Entienden (o lo justifican así) que antes estos problemas es más eficaz una respuesta centralizada. Consideran que la citada coordinación no ha dado sus frutos. Es más, algunos señalan como consecuencia de la competencia legislativa en materia urbanística de las Comunidades Autónomas, se han ido produciendo Leyes del Suelo en las distintas Comunidades que, con sus sucesivas modificaciones (algunas ya van por la segunda o tercera) se han ido separando del tronco común del que provenían inicialmente. El resultado es que la normativa en materia urbanística de Valencia no tiene mucho que ver con la de Madrid, por poner un ejemplo de dos Comunidades gobernadas con el PP. Consideran que esto supone una quiebra del principio constitucional de unidad de mercado, y una tendencia contraría a la que supone la integración europea.

Frente a ellos, están los que defienden el citado marco, defendiendo las competencias de las Comunidades. Consideran la propuesta anterior con un urbanismo con mando a distancia. Un urbanismo superado, que no tiene en cuenta la realidad de la España de la Comunidades. Defienden, o así lo entiendo yo que el urbanismo debe estar pegado al terreno y que conviene que cada territorio tenga su propia normativa según sus necesidades, que no tienen que ser las mismas que las del vecino. Y que por supuesto esto supone una reforma constitucional pura y dura, con todas las consecuencias

No se cual será la opinión de los lectores. La mía es que estoy lleno de dudas:

• No tengo claro que ese neocentralismo suponga una mayor eficacia en esta materia. Quizás pueda estar más próximo al mismo en cuanto a la necesidad de aumentar el mínimo común denominador en materia urbanística. Creo que la Ley del Suelo Estatal debería poder abarcar un mayor número de materias y garantizar así una estructura, un mercado, mínimamente homogéneo.
• Por otro lado la defensa de las competencias de las Comunidades estaría bien si éstas hubiese desarrollado adecuadamente su papel. Pero tengo mis muy serias dudas. El papel de las Comunidades Autónomas en materia de aprobación de los Planes Generales, así como en cuanto a tutela de los Ayuntamientos en materia urbanística es muy fuerte. Es curiosos, que con todo lo que ha caído, parezca que Marbella, por poner un ejemplo, esta en el altiplano peruano, cuando realmente esta en Andalucía. Y teniendo en cuenta las competencias de la Junta de Andalucía, y los numerosos años que ha sido vox populi lo que ocurría, habría que preguntarse para que quería la Junta esas competencias.
• En cierto modo, hay un afán por parte de las Comunidades en asumir competencias por asumir capacidad de gestión financiera y poder. Pero luego, como se demostro en el caso Afinsa-Forum el ejercio de las citadas competencias es muy muy cuestionable. Directamente le cae el marrón (con perdón) al Gobierno nacional.
• Por otro lado, a veces me hace gracia esa defensa que hacen las Comunidades Autónomas de sus competencias frente a un conspiración centralista. Y lo digo porque uno luego se encuentra con que las Comunidades replican esos tics centralistas que tanto critican invadiendo, vulnerando, cercenando, la autonomía municipal, que no parece ser objeto del mismo respeto que para ellas predican.
• También me llama la atención que los que defienden en materia de urbanismo el actual marco constitucional estan muchos veces de acuerdo con iniciativas que propugnan cambios mucho más drásticos.

Se admiten opiniones. ¿Es adecuada la distribución de competencias actual? A ver quien me saca de mis dudas…

Vía | Arkimia > Urbanismopatasarriba