Ni más ni menos que se cifra exactamente en 977.306 el número de alquileres que no están siendo declarados a Hacienda, esto representa un 60,5 por ciento del total de viviendas alquiladas en todo el territorio nacional. El estudio ha sido elaborado por los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha).

Un dato relevante apunta que el 82% del fraude se encuentra en seis comunidades autónomas, las cuales son las siguientes: Cataluña, Madrid, Andalucía, Islas Canarias, Valencia y Baleares. Es probable que los motivos que llevan a esta evidencia sean la concentración de actividades laborales y de estudios en Cataluña y Madrid, y la proliferación de zonas de veraneo en el resto de comunidades.

Con este panorama se ha aprovechado la ocasión para proponer una serie de medidas que permitan combatir este fraude y reducirlo en 10 puntos, hasta alcanzar unos valores parecidos a los del resto de países de la Unión Europea. Algunas de las proposiciones plantean modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como agilizar los juicios rápidos para poder intervenir en el menor periodo de tiempo posible.

A pesar de las iniciativas ya puestas en práctica por las administraciones públicas, para favorecer fiscalmente a los arrendadores, se ha demostrado que aún resta mucho trabajo por hacer. Me queda la duda de si estas circunstancias se deben a la «picaresca» española o a la falta del control necesario para atajar el problema.

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