Está visto que en este país sólo se toman medidas si no queda más remedio y se ha demostrado una vez más con los hechos ocurridos recientemente en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Seguro que ha llegado a vuestros oídos la protesta vecinal, en el barrio de La Salut de Barcelona, dirigida a solucionar los problemas de convivencia con unos inmigrantes rumanos que carecían de cualquier tipo de civismo.

Esta circunstancia ha obligado a muchos vecinos de la zona a poner en venta sus pisos hartos de observar comportamientos incívicos por parte de estas personas. Las consecuencias son que los precios de estas viviendas sean los más bajos de Badalona y que el plazo necesitado para venderlo sea superior a la media actual.

Por este motivo el Gobierno de la Generalitat pretende multar, con cantidades de hasta 900.000 euros, los casos de sobreocupación de viviendas que acarree un peligro para las personas. La iniciativa se encuentra contemplada en el proyecto de ley de Derecho a la Vivienda.

También se tienen previstas sanciones de 90.000 euros en las situaciones de hacinamiento que no conlleven un peligro para la vida de las personas. El consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, admitió que existen «ciertas lagunas» legales pero que la ley pretende «tipificar muy claramente la sobreocupación de viviendas».

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