El sindicato de Comisiones Obreras (CCOO) ha planteado al Gobierno una cuestión que debería dar bastante que hablar. La pregunta que ha lanzado al Ministerio de Vivienda, encabezado por María Antonia Trujillo, es la siguiente: «¿Tiene sentido regular el precio de los servicios básicos como el agua, la luz o el teléfono y no hacerlo con la vivienda en la que se reciben todos esos suministros?».
Dejando el sector inmobiliario en manos del mercado libre, que se rige por la ley de la oferta y la demanda, se ha llegado a una situación en la que no todos los ciudadanos pueden acceder a un bien de primera necesidad. Por lo tanto se puede concluir que algo ha fallado y no ha funcionado como se esperaba. Los motivos parecen claros: especulación y corrupción.
CCOO ha reconocido que el Gobierno no dispone de todas las herramientas necesarias para solucionar el problema, ya que se han transferido las competencias a comunidades autónomas y ayuntamientos. A pesar de esto, todavía tiene capacidad de maniobra a través de los Presupuestos Generales del Estado y medidas legislativas en materia de suelo. El sindicato asegura que se ha trabajado “sobre las consecuencias más injustas sin incidir en las causas del fondo del problema”.
Quizás ha llegado el momento de dar un giro de 180 grados y controlar el precio de la vivienda tal y como se hace con otros productos de primera necesidad. De esta manera el negocio del ladrillo ya no saldría tan rentable y se podría acabar con la especulación en el sector. Aunque es posible que sea demasiado tarde para solucionar de esta manera, ¿quién lo sabe?
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