Según indican los promotores existentes en las Islas Baleares, la nueva Ley del Suelo incrementará el precio final de la vivienda. La explicación que nos proporciona Antonia Fuster, gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares es la siguiente:

La ley aprobada en 1998 contemplaba tres tipos de terreno, el rural, el urbano y el urbanizable. La nueva ley contempla sólo dos tipos de terreno, el rural y el urbano. Un promotor trabaja con un suelo que ya está preparado para construir, por lo que la nueva ley no les afecta en lo más mínimo, sin embargo, el problema sería para quienes urbanizan el terreno. Una empresa urbanizadora se encarga de comprar el solar y realizar las transformaciones necesarias para que los promotores puedan a su vez trabajar.

Las empresas urbanizadoras, con la nueva ley pueden toparse con varias complicaciones que dificulten la transformación del suelo, como un coste excesivo de la tramitación o la propiedad de suelo rústico en un lugar que no se contemple como de crecimiento dentro de un plan urbanístico municipal, con lo que no se podrá recalificar. En consecuencia, deberían mantener mucho más tiempo en cartera estos terrenos, ambos factores, tanto el coste de tramitación como la acumulación de terrenos, propiciaría que se cargaran estos gastos al suelo que se vende a los promotores y éstos a su vez lo cargarían a las viviendas construidas.

Cuantas más cargas menos posibilidades de vender, si ya están bastante altos los precios, un nuevo incremento reduciría aún más las ventas. Todas las leyes tienen sus ventajas e inconvenientes, la especulación podrá reducirse, sin embargo, aparecerán otros problemas. Quizás una solución sería una ley que pudiera ir moldeándose sobre el terreno intentando que se ajustara a las necesidades de todos los implicados, sean empresas urbanizadoras, promotoras o consumidores.

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