En la Comunidad Valenciana, por medio de la Ley de la Vivienda, se han descubierto un total de 592 infracciones que afectan a viviendas con protección oficial (VPO) en los apenas siete meses que lleva en vigor, concretamente desde el 21 de Abril de este mismo año.

El procedimiento que emplea la Comunidad Valenciana en los casos de VPO comienza con una inspección llevada a cabo por los Servicios Territoriales de Vivienda y Proyectos Urbanos, con el fin de verificar que los requisitos demandados para este tipo de viviendas son aplicados convenientemente. Esta acción se efectúa con anterioridad a la concesión del régimen de protección y, es una vez realizada la calificación y ocupado el piso cuando se consideran las reclamaciones interpuestas por los usuarios para proceder a la imposición de las multas pertinentes.

Las irregularidades observadas abarcan un amplio abanico de situaciones, siendo las más comunes (hasta un 60 por ciento) las relacionadas con desperfectos en la construcción de la vivienda: humedades, grietas, etc. Respecto a la compra-venta por precios superiores a los permitidos se contabilizan un 10 por ciento de las infracciones.

A pesar de anteriores informaciones poco alentadoras que recabábamos acerca de la vivienda protegida en la Comunidad Valenciana, hay que reconocer que la persecución del fraude es una labor en la que están haciendo especial hincapié. Es importante que se detecten y sancionen este tipo de irregularidades para acabar con la especulación inmobiliaria.

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