Lo que cuenta El Correo me pone la piel de gallina: inspectores de vivienda que estudian los posibles fraudes en VPO y que para ello interrogan a sus ocupantes, analizan sus datos de consumo de agua y luz y buscan en los vecinos posibles delatores. El objetivo es detectar a aquellos beneficiados de una vivienda de protección oficial que tienen el piso desocupado, alquilardo sin autorización o vendido en el mercado libre.

Algo falla en un sistema cuando se tiene que recurrir al espionaje (llegan en algunos casos a pasar días enteros de la vivienda), la delación y los interrogatorios en la casa de los «sospechosos». De cuidarse de que las VPO tengan la función para las que han sido creadas a constituir un régimen de vigilancia de la vida de sus ocupantes por parte del estado hay un trecho. ¿Que es el precio que hay que pagar por tener vivienda protegida? Personalmente, si derivamos a un estado policial que fiscaliza lo que sucede dentro de domicilios privados, creo que habría que pensar en cambiar el VPO por otro sistema, ya sea sólo permitir el alquiler protegido o la cesión (que no compra) de viviendas.