La complejidad de los trámites urbanísticos con los ayuntamientos es una de las fuentes de corrupción del sector inmobiliario, y con una mera simplificación de estos trámites se dotaría de una mayor transparencia al proceso, según afirma la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE).

El presidente de la APCE, Guillermo Chicote, revindicó que los casos de corrupción son hechos aislados y la voluntad de la asociación que preside para solucionar este problema. De hecho se estima que de las 600.000 viviendas construidas en los últimos años, tan solo 20.000 presentan algún tipo de irregularidad.

En cuanto al proyecto de la Ley del Suelo, los dirigentes de la APCE definieron como «incoherente» la circunstancia de ceder una mayor extensión de terreno a los ayuntamientos en un contexto de subidas del precio de la vivienda. Al mismo tiempo aprovecharon para señalar que el nuevo Código Técnico de Edificación (CTE) «supondrá un incremento de coste» en la fase de construcción por encima del sobrecoste previsto por el Ministerio de Vivienda.

Esta noticia surge en un momento de especial trascendencia para el sector urbanístico, ya que se han destapado varios casos de corrupción de gran trascendencia mediática, como en la localidad malagueña de Marbella o diferentes municipios a lo largo y ancho de la geografía española. Todas las medidas adoptadas para evitar este tipo de situaciones son bien recibidas, pero es oportuno plantearse si son suficientes y, sobre todo, si no se podían haber instaurado antes.

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