En primer lugar conviene explicar que los impuestos están limitados a un rango prefijado por la Ley de Haciendas Locales, dotando de un margen específico de subida o bajada para cada tipo de gravamen. Conociendo esta situación se observa que la presión fiscal en cuestiones de vivienda, tanto en términos de compraventa, reforma o el simple hecho de ser propietario, ha crecido más de cinco puntos el año pasado, alcanzando el límite máximo en 29 capitales de provincia.

No cabía esperar otra cosa si se advierte que el 65% de los ingresos tributarios recogidos por los ayuntamientos se deben al «negocio del ladrillo». Como dato merece la pena señalar que el IBI, Impuesto de Bienes Inmuebles, aporta más de 5.000 millones de euros al año. En diez de las capitales de provincia el IBI se encuentra en su máximo valor permitido, siendo Lérida, Ciudad Real y Tarragona las provincias con las cuotas más altas.

La noticia puede resultar alentadora desde el punto de vista de la especulación, ya que los propietarios que dispongan de viviendas con el único fin de hacer negocio verán incrementados sus gastos en materia de impuestos, pero en el caso de las familias hipotecadas y con dificultades para llegar a fin de mes esta situación representa una dificultad añadida. Si la letra que se paga por el préstamo ya se lleva gran parte de los ingresos familiares, habrá que seguir apretándose el cinturón para poder hacer frente a la presión fiscal.

La constante subida de impuestos en el sector de la vivienda debería llevar a buscar soluciones para las familias españolas que tienen más dificultades para afrontar los pagos de su piso. En esta bitácora ya se publicó una iniciativa de Izquierda Unida para atajar este problema: Propuesta de ayuda frente al encarecimiento de las hipotecas.

Vía: idealdigital