Cienladrillos

Según las noticias, parece ser que Zapatero acude en ayuda del sector inmobiliario de nuestro país, y lo hace destinando 3.000 millones de euros a aquellos promotores que necesitan ampliar los plazos de los préstamos que gravan las construcciones de viviendas. Claro que no es una ayuda altruista, a cambio los promotores deben poner en alquiler las viviendas durante un periodo determinado de tiempo.

El Ministerio de Vivienda indica que esta medida permitirá dar salida a unas 25 empresas de alquiler. Parece que todos los esfuerzos se centran en promover el mercado del alquiler. Una salida que para el Gobierno parece ser un clavo ardiendo al que hay que aferrarse para mejorar la situación.

Parece una contradicción, nos encontramos ante una crisis en el sector inmobiliario, otra en alimentación, el paro alcanza cuotas históricas y sin embargo, el mercado inmobiliario de centros comerciales se encuentra en pleno auge.

En lo que va de año, se han alcanzado los 564.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, es decir, un 43% más con respecto al mismo periodo del pasado año, así lo indica un estudio elaborado por Jones Lang Lasalle (multinacional de servicios inmobiliarios integrados y gestión de capitales) sobre el mercado inmobiliario de centros comerciales.

Hace un año conocíamos la noticia del cierre de varias de las oficinas inmobiliarias de Fincas Corral, la crisis inmobiliaria comenzaba a hacer estragos entre las empresas inmobiliarias españolas. Hoy conocemos un nuevo cambio de rumbo asociado a la adquisición de Fincas Corral por parte del empresario Josep Xicola.

Fincas corral cambia su estrategia y se vuelca en el alquiler de viviendas en nuestro país, también tiene pensado crecer, aunque lo hará en el continente americano, abriendo hasta 400 nuevas oficinas en Panamá y México, mercados que hoy por hoy ofrecen mayores atractivos.

Son miles las personas que han sido afectadas por la suspensión de pagos que realizó hace un par de meses la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, y todavía no se les ha comunicado la situación en la que se encuentran, es decir, si las cantidades económicas adelantadas que aportaron a la inmobiliaria se encuentran avaladas.

Adicae (Asociación de usuarios de bancos, cajas de ahorros y seguros), solicita que se informe sobre la situación a las más de 12.000 familias afectadas de nuestro país, tienen derecho a saber qué ocurrirá con ese dinero entregado a cuenta para poder ejercer sus derechos y adoptar las medidas oportunas.

Parece que el Gobierno español ha tomado medidas inmobiliarias ineficaces, los esfuerzos por promocionar las viviendas públicas no han servido de nada. Recordemos que durante las elecciones, Esperanza Aguirre prometía 150.000 viviendas públicas que serían entregadas en 2011 (sólo se han entregado hasta el momento unas 2.000) y que los promotores inmobiliarios reducirían su margen de beneficios significativamente con estas viviendas, pero al menos continuarían su labor y podrían hacer frente a sus deudas.

¿De qué sirve construir viviendas públicas más baratas si las entidades financieras cierran al máximo los grifos?, las viviendas siguen siendo poco accesibles, sobre todo para quienes tienen menos recursos y necesariamente deben depender de un crédito hipotecario para poder comprar. Las entidades financieras no quieren arriesgarse y no conceden créditos, incluso en un informativo de televisión podíamos ver como una pareja a la que le habían concedido una VPO, debía renunciar al inmueble porque ninguna entidad les concedía el préstamo, y eso que ambos trabajaban y podían pagar sobradamente las cuotas.