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Como si el hecho de decirlo fuera a evitarlo, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) ha negado hoy que estemos ante una crisis inmobiliaria, a pesar de los múltiples datos que avalan este hecho, como la caída del consumo del cemento y el incremento del paro en este sector.

Según esta asociación, la demanda de viviendas viene impulsada principalmente por la ruptura de relaciones, que incrementan la necesidad de nuevas viviendas, ya que donde antes vivían dos, ahora vive una persona.

A pesar de esta versión excesivamente optimista de lo que está sucediendo, lanzan algunas advertencias al Gobierno. Como por ejemplo que por cada vivienda que deja de construirse en España se pierden 2,3 empleos. Y que se necesitan rebajas fiscales para aumentar la renta disponible de los ciudadanos y que compren vivienda.

Si bien estoy de acuerdo en una cosa que asegura esta asociación, y es que la vivienda es uno de los problemas más importantes de España, me parece increíble que pretendan que el dinero público sostenga un sistema que en la actualidad no se sostiene. Las reconversiones industriales son duras, sí, pero no se puede pretender obviarlas, sostener los empleos con dinero público y que al final paguemos todos el problema generado.

Tiene que seguir construyéndose en España pero a un ritmo más acorde con la demanda. Y si los precios no vuelven a unos ratios más razonables de precio/renta media, habrá que promocionar la vivienda de protección oficial para ajustar las ineficiencias del mercado (en mi opinión con vivienda en alquiler o si es en propiedad con un control muy estricto de la re-venta, para aprovechar de la manera más eficiente el dinero público).

Vía | El Economista