se alquilaEsto va camino de convertirse en parte de nuestro ADN, como lo de caer con la selección española de fútbol en cuartos. Y gracias, oiga. Cada partido, cada Gobierno, cada programa electoral, todos, desde hace años apuestan por revitalizar el mercado del alquiler. Y nada oiga, que si quieres arroz Catalina. Que aquí apenas se alquila, lo cual no deja de ser curioso. Nos encontramos con un país con un gran número de viviendas vacías. Nos la vemos con propietarios a los cuales sus viviendas solo les generan gastos y ningún beneficio. Y tenemos multitud de jóvenes que se emancipan muy tardíamente (tan tardíamente que ya no son ni jóvenes cuando lo hacen). Y tras décadas nuestros políticos siguen sin solucionarlo.

El caso es que uno ve en Blogs como este una serie de propuestas encaminadas a tal fin, más allá del soltarle pasta al inquilino, y claro, se va explicando cosas.

  • Asi por ejemplo, uno de los posts más interesantes que leí aquí en mi otra vida como no-editor, era sobre ese negocio que tienen montado empresas privadas de arbitraje(abogados), compañías aseguradoras e inmobiliarias. Muy bonito en apariencia, pero con defectos que ya señalaban nuestros lectores, y es que no parece que sea tan fácil someter a arbitraje privado el arrendamiento de vivienda. Pero es que voy más allá. Aunque lo fuese, el arbitraje es posible que te haga ganar tiempo frente a un procedimiento judicial. Pero precisamente ese ganar tiempo es a costa de renunciar a nuestro derecho a una segunda instancia. No se admiten los recursos sobre el fondo del asunto. O sea, algo sumamente peligroso. Pero es que una vez obtenido el laudo arbitral (el equivalente a la sentencia) queda la fase de ejecución. Tengas pleitos y los ganes, decía el dicho gitano. Y es que si hablamos de que hemos conseguido un laudo de desahucio, para la ejecución del mismo deberemos acudir a los Juzgados de nuevo, para solicitar su ejecución. O sea, casi nada. De este modo, seguros que van en el pack, similares al nuevo de Caja Madrid se acaban volviendo claramente insuficientes.. Pero valga al menos para poner de manifiesto uno de los problemas fundamentales. La lentitud de la Justicia.
  • La criminalización del arrendador. Apasionante el teléfono contra el mobbing inmobiliario que la Chacón se ha marcado en campaña electoral. la pregunta es que entiende la Ministra por mobbing. Uno observa como los recursos públicos se utilizan en defensa de gente a la que se somete a practicas abusivas o delictivas. ¿Qué recursos públicos se destinan para proteger de igual manera a aquellos arrendadores acosados por sus inquilinos? Inquilinos que muchas veces cuentan con medios económicos superiores a los de los propietarios, por mucho que la imagen social sea la contraria. Inquilinos que se amparan e una normativa proteccionista de sus derechos y expropiante de los del arrendador. La Ministra debería plantearse que es la Ministra de todos, de inquilinos y arrendadores. Si no lo hace, que luego no se extrañe que por cuatro migajas la gente no se anime a poner la vivienda en el mercado. Y aquí podemos citar el fracaso de la SPA.

La verdad es que es muy triste ver como una Administración, a la que se paga para proteger nuestros derechos, renuncia a ello estrepitosamente. Incluso para alguien con mentalidad liberal, que haya que recurrir a una suerte de privatización del Poder Judicial es algo demasiado fuerte. Pienso, que algo más se podrá hacer. Y dándole vueltas, quería plantear una pequeña medida, pero que sin duda puede contribuir a lo que más necesita cualquier mercado: Confianza.

Seria sumamente positivo crear un Registro Público de Alquileres. Funcionaria en parte como una “vida laboral”, para entendernos. En el quedarían registrados los contratos de alquiler y sus vicisitudes jurídicas. Se identificaría así, en buena medida (se que es posible la trampa), quien alquila sin problemas, y quien los arrastra siempre consigo, de tal modo que o bien el inquilino no desea tener un arrendador conflictivo, o bien éste se libre de alquilar la vivienda a quien acumula un rosario de pleitos (suelen ser multireincidentes). Creo que en cierto modo a ello contribuye la LAU cuando exige el depósito ante el organismo público competente de la fianza. Esta medida, vulnerada sistemáticamente, podría ser reforzada en tanto cuanto vean arrendadores e inquilinos que ello contribuye a su seguridad jurídica, incluso imponiéndolo como un requisito previo para algún tipo de procedimiento judicial superejecutivo. Me parece sorprendente, que en estos tiempos donde las bases de datos se han convertido en un referente, no exista una como la citada.

Seguro que a alguien más se le ocurre alguna otra medida. Venga, que están receptivos en campaña.

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