Siempre me ha llamado poderosamente la atención como hay gente que desea que el mercado inmobiliario se hunda de forma estrepitosa. Algunos piensan que saldrían indemnes de la hecatombe sin darse cuenta de como la cadena económica trófica difícilmente les perdonaría. Del mismo modo, me intrigaban aquellos que, siendo partidarios de políticas de fuerte gastos social, abogaban por este tipo de finales a cuchillo. No entendía como eran incapaces de percatarse de que las primeras damnificadas iban a ser las arcas públicas. Y con ellas sus políticas de gasto a troche y moche. Aunque quizás no hay mal que por bien no venga, y se imponga una mayor racionalidad en el gasto.
Los principales perjudicados van a ser los Ayuntamientos y las Comunidades Autonómas, pues dependen en grado sumo de impuestos y tasas vinculadas a a la actividad inmobiliaria. La Administración Central cuenta con el IVA, con gran parte del IRPF, con el Impuesto Sobre Hidrocarburos, etc. Sufrirá, pero en menor medida. Las Comunidades y Municipios, que han encontrado en el urbanismo y en el sector inmobiliario una teta sin fin, se van a dar de bruces con la dura realidad.
En el Blog Hipotecario ya nos hemos hecho eco de como las Comunidades empiezan a exprimir al máximo dichos impuestos, aplicando, arbitrariamente y a destiempo, interpretaciones más que dudosas. ¿Objetivo? Incrementar la recaudación fiscal de estos impuestos, buscando compensar la bajada por volumen que están experimentando y que se acentúa en el horizonte. Me temo que es algo así como escupir contra el viento.
Pero no son los únicos que han decidido cambiar sus políticas en relación con la fiscalidad. Muchos promotores han dicho hasta aquí hemos llegado. Tal y como señala Expansión, muchos promotores están empezando a negarse a pagar las tasas por servicios urbanísticos y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Dichas tasas urbanísticas, y dicho impuesto, eran reiteradamente exigidos por los Ayuntamientos en supuestos improcedentes. Toda una mordida legal. Y ello a pesar de que el Tribunal Supremo había manifestado que
La aprobación de un proyecto de urbanización no constituye hecho imponible, dado que en sí misma no requiere licencia de obras, siendo improcedente la imposición de tasas por tal licencia, lo que conlleva la inexigibilidad del ICIO.
Pues bien, los promotores para evitar conflictos con los Ayuntamientos, para reducir plazos, tragaban en muchos casos y abonaban dichas cantidades ilegales. Pero cuando el mercado se ha parado, cuando la viabilidad económica de las promotoras esta en juego, se están empezando a negar a ello, a reclamar en vía judicial e incluso a exigir la devolución de las cantidades ya abonadas. Si el asunto prosepara más de un ayuntamiento se les va ver y desear para llegar a fin de mes.
¿Soluciones para nuestros políticos? Que gasten menos, que no asuman competencias que no les correspondan, y que por una vez reconozcan que, si ha habido unos beneficiarios directos del boom inmobiliario han sido las distintas Haciendas.
Vía | Expansión
En Cienladrillos | Los impuestos aumentan consecuencia del parón inmobiliario, El descenso de las operaciones inmobiliarias afecta notablemente a los Gobiernos de las comunidades autónomas,
Foto | Carlos Aguilera