laberintoLo de la Ley del Suelo parida por el Gobierno socialista no tiene nombre. Han creado un monstruo y no son capaces de manejar sus repercusiones. Quizás su profundo efecto negativo no hubiese sido tan grande de haber tenido lugar en otro momento del ciclo, en otra coyuntura económica. Pero no, han tenido el don de la oportunidad, y han conseguido que sea el Fuenteovejuna de la Banca para cerrar el grifo crediticio al sector inmobiliario (amén, como repito una vez más, de otros muchos motivos). Creo que conviene explicar que ha pasado y que esta pasando, que es sumamente grave.

La citada Ley, introduce entre sus novedades, una especialmente favorable para la Administración. En los supuestos de expropiación solo se distinguiría entre dos tipos de suelo, el urbano y el no urbano o rústico. Es decir, el suelo urbanizable quedará considerado como rústico, y por tanto se expropiará a precio de tal. Por si fuera poco, hay que recordar las facultades que la Ley concede a la Administración para poder expropiar estas bolsas de suelo por incumplimiento del deber de urbanizar (7 años). Todos los ingredientes para acabar en una tragedia para alguien con dos dedos de frente. ¿Cómo es posible que no viesen las implicaciones de esta normativa?

  • Quizás es que partían de una falacia. Los defensores de la Ley hablan de que la Administración no tiene porque pagar otra cosa que el valor real. Yo cuando me hablan de valor real me pongo muy nervioso, porque suele ser cualquier cosa menos valor real. Y es que un suelo urbanizable no es una realidad homologable con un suelo rústico. Se pongan como se pongan. Según ellos no hay porque pagar por meras expectativas. Lo cual resulta de traca, teniendo en cuenta que se trata de expectativas generadas por una normativa legal, por el planeamiento. Más que de expectativas hablaríamos de derechos a consolidar. Derechos a consolidar de acuerdo a un cauce legal, que son sacrificados en el altar de las instituciones para hacerse con suelo a precio de risa.
  • Por otro lado, la Ley, como todas, tiene un proceso de gestación largo, muy largo. teniendo en cuenta que el sector inmobiliario (como el del automóvil) es uno de los paganos ideales de las orgías de gasto del sector público, estoy seguro que no vieron el peligro de una recesión en el horizonte (hasta hace unos días aquí no había crisis ni nada parecido). Que paguen éstas (las inmobiliarias), que para algo ganan dinero, que ni lo van a notar.
  • Por último, y no por ello el menor de los posibles motivos, el reconocido desprecio del Gobierno actual por la gestión en materia económica. Es un Gobierno más preocupado en hacer política, o al menos lo que en su concepción se entiende como tal.

Explicados los motivos que han posibilitado la concepción de este engendro, analicemos las consecuencias hasta la fecha.

  • Las tasadoras, con la Ley en la Mano, con la normativa que regula sus métodos de tasación y con los criterios de prudencia que deben utilizar, se encontraron con que debían reflejar este cambio de marco. Por tanto, debían acomodar el valor del suelo urbanizable al del rústico. Una brutal dentellada, un auténtico freno a la hora de solicitar financiación.
  • Las empresas inmobiliarias deberían reflejar en sus balances la reducción de valor de estas bolsas de suelo. Lo cual significa un ajuste vía cuenta de perdidas y ganancias. vamos, lo ideal en estas fechas.
  • Los Bancos que hubiesen financiado estos suelos en desarrollo, dado el carácter retroactivo de la norma (toma ya), deberían provisionar la diferencia entre ambos valores, pues sus garantías no eran las que ellos pensaban. En cualquier momento la Administración podía expropiar esos activos pagándoles una mínima parte y quedándose con el muerto crediticio.
  • ¿Resultado? No se financia suelo urbanizable, parón absoluto. Especialmente grave cuando es, por definición y en muchas zonas, el único suelo disponible para el crecimiento de las ciudades. Todo el sector inmobiliario, todo el sector financiero, y cualquiera con cierto criterio clama por la abolición de dicha normativa.

¿Y el Gobierno? Pone cara de sorprendido. La Ministra Chacón dice que por favor, que la Banca siga financiando esos proyectos que ella ha puesto en el brete, que no se va expropiar más. Absolutamente patético y con una credibilidad nula. O sea, que abarato un activo en caso de expropiación pero no tengo intención de hacerlo. ¿Quién le compra un coche usado a esta mujer? La fenómena acabó de rematarlo cuándo señala que no entiende el revuelo, que esos valores se aplicarían para los supuestos de expropiación y que no tienen porque afectar a los valores de tasación. Sra. Ministra, alguien debería decirle que lo de la multiplicidad de precios o valores o…para un mismo bien suele acabar mal. Alguien debería señalarle que el valor de tasación trata de ser un valor realista que ponga en su sitio la garantía de la que disponen los bancos, sus accionistas y acreedores. Y una normativa como la citada tiene un fortísimo impacto en el valor de esa garantía.

Como nadie le hacia caso, el Ministerio de Economía se dispone a precisar (o mejor dicho, forzar) en que supuestos las tasadoras deben reflejar ese supuesto valor real, por el que tanto clamaba la Administración. Son cuatro supuestos tasados y clarísimos. Pero en la practica esta medida, y a pesar de lo que digan los promotores, no soluciona el problema. El que en el informe de tasación no se cuente que ese suelo puede ser expropiado al precio de rústico no elimina esa posibilidad. La Banca lo sabe, y con buen criterio cogerá esas tasaciones, las meterá en los expedientes de riesgo y les hará escaso caso, ciñéndose al valor del suelo rústico que le conste.

Claro que, quizás el Gobierno, tras forzar a los tasadores a distorsionar sus informes, piense también que se puede obligar normativamente a los Bancos a dar créditos a las inmobiliarias. En vaya laberinto nos ha metido este Gobierno.

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