Del 20 de noviembre al 1 de diciembre de 2006, visitó España, el Relator Especial ONU Miloon Kothari con el objeto estudiar el grado de cumplimiento del derecho a un nivel de vida adecuado poniendo especial atención a la igualdad de género y de no discriminación. A tal fin se organizaron entrevistas en Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla, Barcelona y Zaragoza, con altos cargos estatales y autonómicos, así como con autoridades locales y representantes civiles, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, académicos, investigadores independientes de derechos humanos, colectivos de mujeres y representantes de las minorías, y recibió testimonios de personas directamente afectadas.
Conclusiones
La conclusión a la que ha llegado es que estamos en una crisis en materia de vivienda debido a que tanto los alquileres, como las compras, crean problemas de gastos de primer orden a un vasto número de personas. Una parte importante de la población dedica una porción elevada de sus ingresos al pago de hipotecas considerando que la situación no parece sostenible a largo plazo, y que en el futuro muchos experimenten problemas de pago que afecten a su derecho a una vivienda adecuada.
Falta de vivienda social. España sufre una grave carencia de vivienda pública, en una estimación conservadora, los programas de vivienda social actuales no satisfacen las necesidades del entre un 20% y el 25% de la población con menos ingresos. Solo el 2 % de la escasa vivienda en alquiler, pertenece al sector público, en comparación con el 10-30% de otros países de la Unión Europea, y aunque sus mensualidades están en torno a un 18% más bajas que en el mercado privado, los precios del la vivienda de alquiler público son demasiado altos para algunos sectores de la población. Paradójicamente, España posee el número de viviendas vacías más alto de la Unión Europea (de 3 a 4 millones).
Especulación. La situación se ha agravado por la especulación que ha beneficiado a los grandes promotores. Por ejemplo, en el País Vasco, entre 1995 y 2005, los precios de la vivienda aumentaron un 250%, mientras los costes de construcción se incrementaron en un 35%, durante el mismo período, las hipotecas subieron de €650 millones a €6000 millones.
La situación de la vivienda ha generado muchos problemas. Hay testimonios que indican la existencia de discriminación relacionados con la vivienda, incluida la segregación y los desalojos forzosos, con casos de violencia física y psicológica para expulsar a las personas de sus hogares, un fenómeno conocido como «mobbing».
La especulación y los beneficios generados por el mercado inmobiliario han conducido a una corrupción a gran escala. Escándalos como los de Marbella apenas constituyen la punta del de un iceberg. y se necesitan investigaciones y acciones más rigurosas en relación con los responsables de los escándalos urbanísticos, incluidos los promotores.
Población discriminada
Aunque la difícil situación de la vivienda afecta a todos los sectores de la población, algunos de ellos, como las personas sin techo, los niños y los jóvenes, las personas mayores, las personas con discapacidades y problemas de salud, las personas con bajos ingresos, los refugiados y solicitantes de asilo, los inmigrantes, las minorías como las romaníes (las comunidades gitanas) y las mujeres (incluidas las que padecen violencia doméstica y las madres solteras) se han visto especialmente afectados. A finales de 2005, el Instituto Nacional de Estadísticas estimaba que existían unas 21.900 personas sin hogar.
Los jóvenes. La juventud se ha visto particularmente afectada por la actual crisis de la vivienda. La edad media de «emancipación», esto es, la posibilidad de dejar la casa de los padres, se ha elevado a 34 años. Según el Consejo de la Juventud de España, una persona joven necesita un promedio de un 60.8% de su salario para acceder al mercado privado de la vivienda, lo que comporta un alargamiento de las deudas.
Los emigrantes. Hay testimonios que trabajadores inmigrantes que viven en asentamientos informales, en edificios en construcción o en condiciones de hacinamiento, y son discriminados en el acceso a la vivienda o se ven forzados a alquilar camas por horas («camas calientes»). En ese sentido, sorprende que mientras la economía de algunas regiones se ha beneficiado de la mano de obra inmigrante, se ha hecho muy poco por garantizar las necesidades de vivienda de esas personas.
Infraviviendas. Según el Censo de 2001, residían en España 112.824 personas sin agua potable; 13.200 vivían en viviendas ruinosas; 13.660 en malas condiciones y 25.839 en edificios con alguna deficiencia. Teniendo en cuenta el grado de especulación actual, estas cifras pueden haber aumentado.
Recomendaciones
Es necesario reconsiderar la actual política económica y social. Las políticas y la legislación resultantes de dicha reconsideración deberían asumir una perspectiva de derechos humanos en materia de suelo y de vivienda. Existe la base jurídica para ello en la Constitución como en los instrumentos de derechos humanos ratificados por España. La vivienda debería ser reconocida como un derecho humano básico y no, como ocurre ahora, como una mercancía para vender y comprar.
El gobierno debería reconocer en su política y legislación el derecho a la vivienda y la función social de la propiedad. Asimismo, los promotores, constructores, inmobiliarias, y otros actores públicos y privados deberían comprometerse con la realización de este derecho humano básico.
En esta fase preliminar, el Relator Especial presentó una serie de recomendaciones que comprenden:
—- Facilitar medios de justicia y mecanismos de queja eficaces que permitan la concreción del derecho a una vivienda adecuada consagrado en la Constitución española y en los instrumentos legales internacionales.
—- Penalizar de manera drástica prácticas como el «mobbing» inmobiliario, la corrupción, la discriminación y otros comportamientos no éticos en el sector inmobiliario. Los ciudadanos deben disponer de mecanismos de investigación, sanción e indemnización por esas prácticas.
—-. Adoptar una política estatal de vivienda global y coordinada, basada en los derechos humanos y en la protección de los más vulnerables. Se debe integrar la dimensión social en todas las políticas de vivienda y de planeamiento urbanístico.
—- Establecer una moratoria de la recalificación de suelo hasta la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo, que debería incluir estrategias de aplicación más estrictas en materia de derecho a la vivienda y al suelo que las contempladas en el anteproyecto actual.
—- Abordar de manera urgente, en todos los niveles de gobierno, la situación de falta de vivienda y servicios sociales, sobre todo para personas con bajos ingresos, sin techo, inmigrantes y comunidades romaníes (gitanos).
—- Proporcionar diversos tipos de alojamientos que incluyan refugios, alojamientos de emergencia, de acogida y viviendas temporales.
—- Conseguir un aumento de la disponibilidad de viviendas en alquiler mediante un empleo más eficaz de los edificios deshabitados, pero también de la construcción de un parque público de viviendas de alquiler dirigido a atender las demandas de la población con bajos ingresos. Garantizar, igualmente, la seguridad en la tenencia de los arrendatarios que, con la ley vigente, sólo alcanza los cinco años.
.—-Reflexionar seriamente sobre el funcionamiento del mercado y del actual modelo de propiedad privada en la tenencia, así como sobre las subvenciones para la compra que benefician a los sectores más altos del mercado de la vivienda. Considerar también su posible impacto negativo en la generación de vivienda para sectores con bajos recursos.
.- Comprometer a los diferentes niveles de gobiernos en un proceso de consulta amplia y genuina con la sociedad civil a la hora de diseñar políticas, estrategias y planificación en materia habitacional y urbanística.
El Informe final de la misión y las recomendaciones definitivas del Relator Especial se presentarán el próximo año en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El documento está a disposición pública en Internet.