Finaliza hoy en Valencia la visita que han realizado los Eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo con el fin de enterarse de primera manos de los abusos urbanísticos que se producen en nuestro país, que han provocado 15.000 quejas en Bruselas de afectados por los planes urbanísticos.
En Orihuela, la Vega Baja, Tibi y Parcent tuvieron ocasión de observar sobre el terreno desmanes cometidos con la parcelación de terrenos, hasta el punto de que el Diputado Libicki afirmó que, después de la tercera visita a la Comunidad , “con la información que tenemos, sabemos que sí que se violan los derechos básicos de los ciudadanos”, para este diputado se trata de un problema de «transparencia y concurrencia pública».
Estas afirmaciones han sido duramente contestadas por parte de los urbanizadores y alcaldes de la zona, lo que hizo especialmente tumultuosa la reunión prevista en Benissa con afectados por los planes urbanísticos. El Alcalde de Benissa, Juan Bautista Roselló, acusó de corrupto al presidente de la Abusos Urbanisticos No, Enric Climent, por dificultarle con las mismas leyes que se aplican a todos los propietarios, el que lleve la reforma de una casa de campo de su propiedad, en una pardela de 7000 m2. cuando la ley exige 10.000 m2
Por su parte los empresarios urbanizadores se mostraron indignados por la visita de los europarlamentarios y lo consideraron, “un ataque directo a la Comunitat Valenciana, a la economía y a dos sectores estratégicos, la construccion y el turismo” y de pretender desviar el turismo hacia los países del este. Por su parte, la Ministro Narbona no ha perdido la ocasión de sembrar cizaña en el feudo de Zaplana afirmando, “Aquí no hay persecución, sino hechos objetivo”
Ante tales acusaciones cruzadas de unos y otros consideramos nuestro deber dar nuestra particular opinión. A nuestro juicio, todo parte de unas leyes del suelo mal realizadas, que con pequeños matices son más o menos iguales para todas las Autonomías, lo que ha dado lugar a abusos y corrupción extendida por todo el país, pero que son especialmente insidiosas en la Comunidad Valenciana, lo que ha magnificado en esta región los efectos perniciosos que se detectan en todas las zonas.
La Ley Urbanística Valenciana (LUV), que sustituye a la anterior, la muy polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), y otras leyes semejantes de otras autonomías, son leyes que dan excesivo poder a los ayuntamientos, lo que les permite recalificar terrenos de forma arbitraria, sin mas control que tener una precaria mayoría en el consistorio municipal y que priman en exceso, los derechos del agente urbanizador sobre los derechos de los legítimos propietarios del terreno, lo que permite urbanizar sobre terrenos ajenos, con unas compensaciones ridículas para los propietarios, conseguidas mediante todo tipo de presiones y chantajes a los propietarios, como amenazar con derruirles la vivienda con un vial, o presiones semejantes si no ceden.
Por otra parte a la hora de urbanizar no se tiene en cuenta legítimos intereses o deseos que puedan tener los propietarios. Como parte de los propietarios son residentes europeos, da lugar a encauzar sus reclamaciones en sus consulados y a través de sus gobiernos en Bruselas, cosa que no ocurre con los nacionalesque quedan absolutamente desasistidos, de reclamar, pues la ley será injusta, pero se ha aprobado en los parlamentos autonómicos y son legales.
A la sombra de estas leyes hay lugar para mucha corrupción y para muchos abusos por parte de las empresas urbanizadoras. Es independiente que el consistorio lo controle el PSOE, el PP, grupos nacionalistas o coaliciones de cualquiera de ellos. El que las investigaciones se centren en Madrid y Valencia, se debe principalmente a que ambas regiones están regidas por el PP, por lo que el actual Gobierno del PSOE, lógicamente, hace lo que está en su mano, para intentar mostrar que los abusos que se producen en regiones controladas por la oposición política.
No obstante el problema no es debido a diferencias en el concepto sobre la propiedad, o a que la corrupción se polarice en determinado espacio del espectro político. La LRAU fue dictada por el PSOE y mantenida por el PP cuando llegó al poder. Solo la maquilló lo imprescindible cuando llegaron las quejas a Bruselas transformándola en la actual LUV, maquillaje que ha demostró insuficiente, para corregir sus defectos de fondo y que sigue permitiendo continuar los status de convivencias entre ayuntamientos y empresas urbanizadoras que ya se habían establecido.
Por ejemplo, la nueva LUV exige el informe de la Confederación del Júcar, sobre la existencia de agua potable, este informe es obligatorio, pero no es vinculante. Por tanto, si el informe es negativo, cosa que ocurre con mucha frecuencia, no por ello se paraliza la urbanización, sino que continúa con ella, se parcela, se vende y se construye
Hasta que no haya una gran cantidad de viviendas acabadas, en marcha y habitadas, no saltará a la luz pública la falta de agua. Para entonces, el agente urbanizador habrá acabado su trabajo, cobrado y retirado sus beneficios, posiblemente el ayuntamiento esté presidido por ediles diferentes a los que aprobaron la recalificación. Unos y otros dejan el problema de las restricciones de agua en manos de otro consistorio y de los incautos propietarios de los chalets recién construidos en una zona, que desde el principio, se sabía y estaba documentado, que no tenía agua suficiente para el número de viviendas construidas.
Una ley que permite esto ¿Está bien concebida?