El ministro de Administraciones Publicas se reunirá con los partidos para introducir medidas que frenen la corrupción urbanística, en la Ley de Bases de Régimen Local, o en la Ley del Suelo que entrará en el Senado.Parece ser, que se trata aprobar normas para evitar que los alcaldes y concejales puedan estar al servicio de intereses privados, como ha ocurrido en ocasiones anteriores

Antes de las próximas elecciones municipales, Jordi Sevilla trata de aprobar con urgencia medidas, como que las operaciones urbanísticas pasen por los Plenos, o que alcalde y concejales hagan un declaración de intereses en operaciones urbanísticas.

Parece ser que desean incluir en la próxima Ley de Bases de Administración Local que saldrá antes de las próximas elecciones unas normas que marcaran para alcaldes, concejales y altos cargos de los ayuntamientos, el mismo régimen de incompatibilidades que rige para la Administración del Estado. Por otro lado, las recalificaciones de suelo, los convenios urbanísticos o las permutas de terrenos o inmuebles deberán aprobarse en el pleno municipal y no simplemente en una comisión o por decisión del alcalde como ocurre en la actualidad..

Con el fin de acelerar el proceso, el ministro de Administraciones Públicas, mantendrá reuniones con los grupos parlamentarios, para sacar adelante ya la citada ley antes de las elecciones o si prefieren esperar a que pasen, las normas se incluirían en la ley del suelo durante su tramitación en el Senado.

Puesto que se pretende sacar el articulado independientemente de los comicios y de acuerdo con los demás partidos del arco parlamentario, parece que porfín es un auténtico deseo de poner freno a corrupción que hemos denunciado en estas mismas páginas. No obstante mientras que decisiones que implican revalorizaciones de cientos de millones de euros, estén en manos de un puñado de concejales, (en núcleos pequeños no es necesario llegar a la media docena de ellos, para tener mayoría en un ayuntamiento), no será posible frenar la especulación,

Es evidente que si bien se pueden vigilar los intereses de alcaldes y concejales, resulta más difícil controlar los intereses de esposas, hijos y familiares de esos personajes, así como de las sociedades que dependen de sociedades interpuestas de todas estas personas.
Por ello consideramos que solicitar la mayoría de un consistorio o vigilar los intereses de unos cuantos personajes no es suficiente para frenar la corrupción de los consistorios.

Se necesitan criterios objetivos y mensurables que permitan, realizar desarrollos urbanísticos en un municipio, o acudir a referendum entre los propietarios afectados por las actividades urbanísticas, y a pagar por quien se lucran , fuertes indemnizaciones a quienes pierden sus bienes en estas operaciones. Solo así se frenarán operaciones que hoy, se asemejan más, a expolio de los legítimos propietarios, en beneficio de unos cuantospromotores, que son los que dan la cara y de un grupo de políticos, que a la sombra ponen el cazo.

Vía Emilio de la Peña/Cadenas Ser