El enfriamiento del mercado inmobiliario, o la explosión de la burbuja, como algunos catastrofistas suelen denominar, a la clara corrección a la baja que está sufriendo la actividad de este mercado, no solo afecta a los particulares que quieren vender un piso, afecta a todos los que de una forma u otra metemos la cuchara en la olla de tan pingüe mercado.
A través del largo proceso de transformar el campo rústico, en pisos de cemento, una parte no pequeña de los ingresos producidos por la venta de pisos, va a parar a las arcas pública.Recalificaciones de terrenos, aprobado de planes parciales, licencias de obras, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, plusvalías y otros ingresos como impuestos sobre beneficios a bancos, notarías y registros, terminaban llenando generosamente las arcas de los tres niveles de instituciones públicas, estado, autonomías y municipios.
Parece ser, que ya el cambio de ritmo de la construcción, empieza a notarse en la disminución del flujo de caudales que reciben estas arcas. Según el Servicio de Estudios del BBVA, en 2004 el sector aportó 27.000 millones de euros a las arcas públicas, o lo que es lo mismo el 9,5% de los ingresos. En esta cifra solo consideramos los ingresos directamente imputables a las actividades derivadas de la venta de pisos, quedando excluidos los ingresos procedentes de actividades generadas por la construcción en sí, como IVA sobre materiales de construcción, retenciones en nóminas de obreros o impuestos a empresas constructoras.
Es bien sabido que los dos grandes motores de la economía española son la construcción y el turismo, que a su vez están estrechamente ligados por el mercado de la segunda vivienda y la actividad hotelera. No es un secreto que cuando uno de estos dos grandes motores renquea, la economía de este país pierde potencia. y reduce su crecimiento.
El problema se agrava para los ayuntamientos, donde los ingresos por estos conceptos se eleva como media a un 32%, con una muy desigual distribución, pues hay localidades que la nueva construcción es mínima, mientras que otras están viviendo un periodo febril de expansión de su casco urbano. Muchos de estos Ayuntamientos viven un momentáneo y artificial florecimiento económico, pues hasta el momento, han recibido inmensos ingresos por recalificaciones y licencias de obras, negándose a ver su naturaleza de ingresos extraordinarios, que no pueden ser mantenidos a ese nivel indefinidamente, pues a la larga, la nueva construcción no puede superar en exceso el coeficiente de crecimiento demográfico. Si los municipios estuvieran regidos por la sensatez, previsoramente estos dineros extraordinarios, deberían haber sido colocados, al menos en una proporción importante, en inversiones que rindiesen ingresos al municipio a medio plazo, como son las infraestructuras que mejoren, amplíen y faciliten la actividad comercial, empresarial e industrial en el municipio..
Al contrario, la norma ha sido gastar la mayor parte en el pago de gastos corrientes del municipios, desde las nóminas de los empleados, al cuidado de jardines, cuando no, a la construcción de servicios como auditorios, polideportivos y centros culturales, que sin discutir su utilidad social, en el futuro, no solo no generarán beneficios económicos al ayuntamiento, si no que serán un motivo más del aumento del gasto del ayuntamiento,por necesitar para su funcionamiento un continuado y fuerte desembolso de dinero, muy difícil de reducir en época de vacas flacas.
¿Cual será la consecuencia? A mi juicio, los ayuntamientos forzados a conseguir ingresos como sea, para pagar sus gastos, aumentarán en gran medida las tasas e impuestos que la ley les permite administrar. Por ello es muy probable que en un próximo futuro, el IBI y otros impuestos y tasas de ámbito municipal. como los vados y terrazas públicas, o la recogida de basuras y otras tasas similares sufran grandes subidas, pues tendrán que cubrir, al menos durante el presente ciclo de relentización de la actividad inmobiliaria, el hueco que dejen en las arcas los impuestos derivados de la actividad inmobiliaria.
Via El Mundo