La noticia tiene algún tiempo (un par de meses), pero creo que merece la pena comentarla. Se trata de una decisión de la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco, que ha llegado a un acuerdo con la Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados Kidetza. Este acuerdo consiste en que separados y divorciados tendrán prioridad en el acceso a viviendas de alquiler de protección oficial al igual que «colectivos solicitantes de vivienda necesitados de especial protección».

Tras un divorcio y la venta del inmueble común (o en el caso de que se lo quede el otro cónyuge), muchas personas quedan en una situación bastante peliaguda: con un sueldo que no suele dar para acceder a otra vivienda aún en régimen de alquiler. Claro que hay que ser cuidadoso a la hora de otorgar ventaja en los programas de vivienda social, pero ciertamente me ha parecido un acierto por parte del gobierno vasco esta medida, que está matizada por una condición importante: podrán aprovecharlo sólo los separados y divorciados que carezcan de casa u obtengan por la venta del domicilio ex conyugal un importe neto de menos de 75.000 euros

Vía Consumer