Se trata de uno de los aspectos más polémicos de la recién aprobada ley del suelo vasca. La expropiación de pisos será posible sólo en el caso de pisos sometidos a cualquier régimen de protección (ya sean VPO o tasados) que permanezcan desocupados por espacio de un año ininterrumpido y sin causa justificada.

La nueva ley del suelo de Euskadi presta mucha atención a la reserva para vivienda protegida y cifra en 17.700 euros y 200.000 euros (en el caso de las tasadas municipales) los precios máximos para la VPO. Es de marcado cariz intervencionista en el mercado, exigiendo una reserva importante del suelo para vivienda protegida, en propiedad o alquiler. Nada más y nada menos que el 75% de los suelos urbanizables y el 40% de los suelos urbanos.

El PP y la Diputación de Alava ya la han recurrido, por entender que la ley excede las competencias del Parlamento Vasco. Por lo demás, cabe preguntarse si estas medidas serán eficaces, dentro de un debate mayor sobre si la vivienda protegida es una solución válida para garantizar el acceso a la vivienda. Desequilibrio de mercado, fraudes y gasto en burocracia son los principales críticas contra las VPO (¿cuanto cuesta vigilar que las viviendas protegidas no se habitan en un año?); la situación actual de los precios (desorbitados en Euskadi especialemente) el principal argumento de sus defensores puesto que permite al menos a una parte de los ciudadanos cuantos pagar un precio por debajo de mercado.

Vía | Txorierrigorria.